270 personas LGBT fueron asesinadas en Colombia en 2025
Un nuevo informe de la organización de derechos humanos Caribe Afirmativo revela un nivel récord de violencia: se produjo un asesinato cada 32 horas.
En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, la organización colombiana de derechos humanos Caribe Afirmativo presentó su informe “Un sistema que falla: prejuicios, violencia e impunidad contra las personas LGBTQ+ en Colombia”. El documento registró el mayor nivel de crímenes de odio en el país en los últimos años.
En 2025, 270 personas LGBT fueron asesinadas en Colombia. Esto significa que, en promedio, ocurrió un asesinato cada 32 horas. La violencia sigue en aumento: se registraron 165 asesinatos en 2024 y 153 en 2023. El director de la organización, Wilson Castañeda Castro, señaló a la Agencia Presentes que “la violencia no es un fenómeno aislado, sino de carácter sistemático y sostenido”.
La mayoría de los asesinatos ocurrieron en las grandes ciudades: Bogotá, Medellín (departamento de Antioquia) y Cali (departamento del Valle del Cauca). La violencia también se intensificó en los corredores estratégicos del microtráfico y en los territorios controlados por grupos armados ilegales. Los hombres gays y las mujeres trans representaron el mayor número de asesinatos, y los crímenes se caracterizaron por una extrema brutalidad.
Violencia intrafamiliar y sexual
La forma más común de agresión en 2025 fue la violencia intrafamiliar, con 1.531 casos registrados. Castañeda Castro enfatizó que el hogar y las relaciones familiares a menudo no son espacios seguros para las personas LGBT. En algunos casos, los agresores fueron padres, abuelos y tutores; en otros, fueron las parejas estables.
Más del 60% de las víctimas de violencia intrafamiliar fueron lesbianas (469 casos) y mujeres bisexuales (458 casos). También hubo 399 casos contra hombres gays, 109 contra hombres bisexuales, 16 contra hombres trans, 15 contra mujeres trans y 3 contra personas no binarias.
La violencia sexual representó 628 casos. La mayoría de las víctimas aquí también fueron mujeres: mujeres bisexuales (246 casos) y lesbianas (159 casos). Además, las víctimas incluyeron a 126 hombres gays, 49 hombres trans, 25 mujeres trans y 16 hombres bisexuales. Los autores del informe concluyeron que la violencia sexual va acompañada de altos niveles de estigmatización y sirve como un mecanismo de control corporal y castigo de las identidades no normativas.
Amenazas y control territorial
Durante el año, los defensores de los derechos humanos registraron 1.184 amenazas contra personas LGBT que expresan abiertamente su identidad o participan en el activismo. Estas amenazas a menudo provienen de actores estatales y no estatales que buscan regular la visibilidad de la comunidad en territorios específicos. En algunos casos, las amenazas preceden a los asesinatos.
Otros incidentes registrados incluyeron 360 actos de discriminación, 108 casos de violencia policial, 17 desapariciones forzadas, 10 episodios de trata de personas y 3 casos de reclutamiento forzado.
Violencia digital
El informe documenta un aumento de la violencia en internet. Las redes sociales, las plataformas de citas y las aplicaciones de mensajería, donde históricamente se consolidó el movimiento LGBT, han dejado de ser espacios seguros. La violencia digital amenaza vidas y a menudo se convierte en el preludio de ataques físicos. Ni el Estado ni los proveedores de servicios digitales ofrecen mecanismos de protección que garanticen la seguridad sin comprometer la privacidad del usuario.
Falta de respuesta del Estado
El año 2026 marca el décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz en Colombia, sin embargo, el problema de la violencia contra las personas LGBT no solo no se ha resuelto, sino que ha empeorado. El informe destaca la ineficiencia de las estructuras estatales.
A pesar de los compromisos del gobierno y la fiscalía para mejorar los sistemas de recopilación de datos, la información sobre la violencia a menudo se subregistra o se maneja con negligencia. Actualmente, la documentación de los crímenes recae casi exclusivamente en las organizaciones sin fines de lucro. Los defensores de los derechos humanos exigen que el Estado acelere las investigaciones, implemente políticas públicas estructurales para prevenir los crímenes y garantice que el proceso de construcción de paz incluya el respeto por la vida de las personas LGBT.