Un juez de EE. UU. ordena repatriar a un hombre gay deportado ilegalmente a Guinea Ecuatorial
El martes 6 de octubre de 2026, el juez federal de distrito John C. Hinderaker en Arizona ordenó al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) facilitar la liberación y el regreso a Estados Unidos de Ahmed Soliman, un hombre de 31 años nacido en Egipto, según informó la agencia Reuters. Soliman, quien es abiertamente gay, fue deportado de forma sumaria a finales de abril a Guinea Ecuatorial, un país de África Central con el que no posee ningún vínculo personal, familiar ni cultural.
Soliman llegó a Estados Unidos a los cuatro años junto a su familia y creció en Phoenix con estatus de residente permanente legal (tarjeta de residencia). En 2023, tras ser condenado por agresión y posesión de drogas, perdió su residencia, lo que habilitó su proceso de expulsión. Sin embargo, un juez de inmigración estadounidense había dictado previamente una orden de protección que prohibía expresamente su deportación a Egipto en virtud de la Convención contra la Tortura, reconociendo el grave peligro que corría su vida debido a la oposición política de su familia y a su propia homosexualidad.
Pese a la prohibición judicial, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) expulsó a Soliman hacia Guinea Ecuatorial en el marco de los acuerdos de la administración de Donald Trump para deportar extranjeros a terceros países y acelerar las repatriaciones. La medida se ejecutó antes de que se resolvieran los recursos legales pendientes. En la capital, Malabo, Soliman y otros deportados permanecían bajo vigilancia armada en el Hotel Bamy. A principios de septiembre, después de un altercado en el que policías locales apuntaron con armas de fuego a los migrantes y les exigieron dinero, Soliman facilitó grabaciones de vídeo a periodistas. Poco después de la difusión pública, las fuerzas de seguridad ecuatoguineanas lo arrestaron, le cubrieron la cabeza con una bolsa, lo golpearon y lo mantuvieron incomunicado en la gendarmería de La Luna sin acceso a abogados, comida ni agua suficiente.
El juez Hinderaker dictaminó que el gobierno estadounidense violó el derecho constitucional al debido proceso de Soliman, amparado por la Quinta Enmienda, causándole un daño continuo e irreparable. La orden exige al DHS costear los documentos de viaje, coordinar su traslado hasta un puerto de entrada estadounidense y presentar informes periódicos cada tres días sobre su estado. Si bien el fallo no restituye de inmediato su tarjeta de residencia, restituye la causa al ámbito judicial: cualquier intento futuro de expulsión requerirá una evaluación rigurosa sobre el riesgo de tortura o su traslado a un tercer país verdaderamente seguro.
Los acuerdos de deportación a terceros países han recibido severas críticas de organizaciones de derechos civiles y juristas internacionales. Los especialistas advierten que estos convenios con regímenes de escasa independencia judicial propician la «devolución en cadena» (chain refoulement) —el reenvío forzoso a los países de origen burlando los vetos judiciales estadounidenses—, además de exponer a los expulsados a detenciones arbitrarias y abusos.
Con anterioridad, Uránia informó sobre la denegación de asilo en Suiza a una pareja gay rusa perseguida, detalló iniciativas católicas de apoyo a personas refugiadas LGBT y examinó la situación de solicitantes de asilo de minorías sexuales en Sudáfrica.
